Intel impugna multa antimonopolio de la Unión Europea por 421.4 millones de dólares

Intel Corporation enfrenta un nuevo episodio legal ante la Comisión Europea, luego de que se le reimpusiera una multa de 376 millones de euros (equivalentes a 421.4 millones de dólares). La sanción se basa en acusaciones de comportamiento anticompetitivo entre 2002 y 2006, periodo durante el cual Intel habría realizado pagos a fabricantes como HP, Acer y Lenovo para retrasar o cancelar productos que incluían procesadores de la competencia, específicamente de AMD.

Una disputa que se remonta a 2009

El caso se remonta a 2009, cuando la Comisión impuso a Intel una multa récord de 1,060 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de procesadores x86. En 2022, el Tribunal General de la UE anuló gran parte de esa decisión, pero dejó en firme ciertas acciones que calificó como “restricciones desnudas”. Estas prácticas volvieron a ser sancionadas, dando origen a la nueva multa que hoy impugna la compañía.

Argumentos de ambas partes

Durante las audiencias recientes, el abogado de Intel, Daniel Beard, sostuvo que la Comisión exageró la magnitud del supuesto daño al mercado, describiendo las acciones de Intel como tácticas comerciales limitadas y no como una estrategia de exclusión deliberada. Además, calificó la sanción de “totalmente desproporcionada e injusta”.

En contraste, Pedro Caro de Sousa, representante legal de la Comisión Europea, defendió la medida argumentando que la multa representa solo el 1% del volumen de negocios de Intel en el último año de infracción, y cerca del 0.5% de su facturación actual. Según la Comisión, el monto es proporcional a la gravedad de la conducta.

Implicaciones para el mercado tecnológico

Ambas partes han solicitado al Tribunal General de la UE, conformado por tres jueces, que determine el monto definitivo de la multa. Se espera una resolución en los próximos meses.

Este caso pone nuevamente en evidencia el nivel de escrutinio que ejerce la Unión Europea sobre las grandes tecnológicas en materia de competencia. La resolución final podría sentar precedentes relevantes en la regulación del mercado tecnológico global.