Se vienen nuevos problemas para los migrantes que cruzan a la frontera con Estados Unidos y buscan al menos que sus hijos al nacer allá adquieran la nacionalidad.
Y es que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta semana que su gobierno está considerando seriamente poner fin al derecho a la nacionalidad de niños nacidos en el país, cuyos padres no tienen la ciudadanía o emigraron ilegalmente.
«Lo estamos evaluando muy seriamente, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, donde uno tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera. Felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense (…) Francamente es ridículo», dijo Trump, de acuerdo al portal Infobae.
El mandatario desde su campaña y ya en la silla presidencial ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un pilar, pero muchos de los cambios radicales y decretos elaborados por su gobierno han sido frenados en los tribunales.
En octubre del año pasado 2018 había asegurado que pondría fin a este derecho mediante un decreto, sin embargo, algunos expertos consideran que una medida de esta naturaleza iría en contra de la Constitución.
La decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses de color tuvieran sus derechos ciudadanos completos, garantizó la ciudadanía de «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos».
Desde entonces ha sido interpretada de manera rutinaria para garantizar la ciudadanía de la mayoría de las personas nacidas en Estados Unidos, sean o no sus padres ciudadanos o vivan o no legalmente en el país.
Además, el gobierno de Trump anunció un plan destinado a permitir la detención de indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan de Centroamérica.
El Departamento de Seguridad Nacional explicó en un comunicado que la decisión, que sería publicada en el Registro Federal en estos días y entrará en vigor en los próximos dos meses, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 estableció medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a periodos de detención máximos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese acuerdo «originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años», pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.
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