Las compañías tecnológicas de servicio de transporte Uber y Postmates presentaron una demanda en una corte federal en California buscando un mandato que evite tome efecto la ley histórica independiente del estado, informó The New York Times.
Esta nueva legislación entraría en vigor iniciando el año, y la acción de las dos compañías resalta que tan altas están las apuestas para ambas. La ley podría potencialmente amenazar su negocio porque con ella los choferes deberán ser clasificados como sus trabajadores en vez de contratistas bajos ciertas condiciones, como si la compañía controla como ellos hacen su trabajo o si el trabajo es una parte regular del negocio de la empresa.
Expertos han dicho que la nueva ley obligará a Uber y a su rival Lyft, junto con el servicio de entregas Postmates, a clasificar a sus conductores en California como sus trabajadores. Esto podría añadir a las compañías entre un 20 a un 30 por ciento de costos laborales y llevarlos a gastos adicionales de cientos de millones de dólares cada año.
Como trabajadores formales, los conductores estarían protegidos por un salario mínimo y reglas de tiempo extra y serían elegibles para compensaciones y seguro de desempleo. Las compañías deberán pagar la mitad de sus impuestos sobre la nómina para seguro médico estatal y seguridad social.
Postmates ha dicho que está buscando retrasar la ley de que tome efecto para ganar tiempo para llegar a un compromiso en el que los trabajadores no sean clasificados como empleados de tiempo completo. Postmates y Uber argumentan en su queja que la legislatura del estado de California ha exentado a ciertas industrias mientras le niega una exención a las que son conocidas como empresas de «trabajo gig» por razones esencialmente irracionables.
La demanda es poco probable que detenga la ley de tomar efecto. Un juez federal decidirá si otorga un mandato preliminar bloqueando la ley de hacerse efectiva contra las compañías «gig», el cual después podría ser permanente.
Uber dijo en una declaración que traía un desafío legal la nueva ley «en la base de la falta de protección igualitaria y debido proceso bajo las leyes federales y estatales».
Postmates dijo: «Esta acción es un esfuerzo de preservar oportunidades de demanda de trabajo», añadió que estaba llamando a los legisladores estatales, a los trabajadores organizados y al gobernador Gavin Newsom a llegar a un acuerdo.
Pero la asambleísta Lorena Gonzalez de San Diego, autora de la ley, dijo en una declaración que «Uber está en la corte bizarramente tratando de decir que la ley es inconstitucional». Ella añadió que «lo único claro que sabemos acerca de Uber es que ellos harán cualquier cosa para tratar de eximirse de regulaciones estatales que nos hagan más seguros y sus choferes empleados autosuficientes».
Uber y Lyft dijeron ambos en los documentos que ellos entregaron en anticipación a sus ofertas públicas en la bolsa en 2019 que clasificar a sus conductores como empleados podría significar un daño a su actuación financiera. Las acciones de ambas compañías han caído desde que se lanzaron a la bolsa.
Los legisladores de California aprobaron la nueva ley en septiembre del año pasado y fue firmada de inmediato. Uber, uno de los objetivos principales de la legislación, ha previamente declarado que no planea reclasificar a sus conductores como empleados y piensa que pueden retener su estatus independiente bajo las nuevas reglas. Junto con Lyft ha dicho que invertirían 30 millones de dólares en una iniciativa estatal para esencialmente eximir a sus conductores de la nueva ley.
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